Mientras llega a su fin el período de vigencia del Acuerdo 8574 de 2019 del Consejo de Ministros, que dio luz verde para legalizar las viviendas (cuartos, habitaciones, accesorias y locales) construidas al margen del ordenamiento territorial —siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas—, la provincia avanza en la erradicación de barrios ilegales. Al cierre de 2023, 512 viviendas en seis comunidades recibieron sus “papeles”.
Finca la Horquita, La Arboleda, Camino del Barro, Barrio Tuero y Los Estrada, en Morón, y La Palma, en la cabecera provincial, fueron los asentamientos que recibieron el beneficio del trabajo de la Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (DOTU) el pasado año, que prevé para 2024 erradicar otros 10 barrios.
Un informe de la DOTU al Consejo Provincial de febrero último cifró en 1376 viviendas a regularizar en El Rosario, El Jiquí, Canaleta, El Ingenito, La Llama y las Yaguas, todas de la ciudad capital; 29 en el Barrio 9 de abril (Baraguá); 395 en el barrio Uneca Cartón y 58 en Camino del Barro (Morón); y 27 en La Curva (Florencia).
Danay Ramírez Machado, especialista en Derecho de la Vivienda y Urbanismo de la DOTU, dijo a Invasor que estos son uno de los trámites más solicitados, además de “las certificaciones catastrales para actualizaciones de títulos, dígase de propiedad personal o a favor de herederos, y las legalizaciones de títulos anteriores al 2019, que estarían vigentes hasta diciembre de 2026”.
Sobre los términos para cada trámite comentó que, aunque siguen padeciendo la falta de especialistas y técnicos en las direcciones municipales, el objetivo no ha dejado de ser respetar los tiempos para la tramitación. “El término legal establecido son 90 días hábiles y no naturales. Debemos decir, además, que cada trámite pasa por los departamentos y estos, a su vez, tienen tiempos establecidos para cada asunto”.
A la par de la legalización y el ordenamiento, la DOTU tiene un papel importante en la inspección, el enfrentamiento y la erradicación. Rosa Amparo Bernal, directora provincial de Inspección Estatal en la delegación, explicó que los diez municipios cuentan con un cuerpo de inspección que no solo detecta las ilegalidades, sino que vela por el cumplimiento de las regulaciones urbanas.
“En estos días estamos poniendo el énfasis en la ocupación ilegal de espacios públicos, la interrupción de los corredores y los carteles. Nuestra cabecera provincial se identifica como la Ciudad de los Portales, algunos declarados como patrimoniales e históricos, por tanto, se deben respetar, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista del espacio y su función como corredor”.
La especialista acotó que “la regulación es una herramienta viva y es imprescindible hacerla cumplir para lograr la funcionalidad de la ciudad”.
“Nuestro trabajo se fundamenta no en prohibir, sino en orientar dónde y cómo construir de la mejor manera, que su estatus sea legal y nuestras ciudades y municipios funcionales, ordenados y bonitos”, acotó.
El inventario total de ilegalidades urbanísticas para 2024 en la provincia es de 3387, de ellas 15 corresponden a personas jurídicas y 3372 a personas naturales.
De esos totales, deberán ser erradicadas 1900, la inmensa mayoría en el sector de las personas naturales. El cumplimiento de estos planes, han insistido las autoridades de la DOTU en varios escenarios, deberá estar acompañado por un grupo de acciones por parte de los consejos de la administración municipales.