“Matemáticamente es posible. Lo difícil es hacerlo”, fueron las palabras de cierre de la presentación que el ingeniero Eduardo Larrosa Vázquez, director de Coordinación y Supervisión Técnica del Grupo Azucarero Azcuba en la provincia, hizo ante el Consejo Provincial, en su sesión de trabajo correspondiente a febrero. La frase trató de alejarse todo lo posible de falsos triunfalismos, porque a la zafra 2023-2024 en Ciego de Ávila no le caben.
Aunque nadie se atreve a decir, empezando marzo, que el plan de azúcar no se cumplirá, las 42 000 toneladas (t) previstas deben ser enunciadas con oraciones condicionales: si Ecuador recupera el tiempo perdido, mejora sus indicadores de eficiencia y muele hasta finales de marzo; si el rotor de la Bioeléctrica deja de vibrar cada vez que lo pongan a prueba; si el Ciro Redondo puede, en definitiva, moler; si al Primero de Enero le garantizan el combustible que no tiene asignado, porque no se suponía que moliera.
Lo que sí se dijo enfáticamente en la reunión, es que el tiempo se agota y la estrategia tiene que ser concebida y ejecutada con precisión milimétrica, porque lo que está en juego es la canasta normada de la población. Pero, llevar la estrategia de la presentación de PowerPoint a la despensa de los avileños, está costando lo indecible.
Larrosa Vázquez caracterizó el escenario en el que se desarrolla la zafra. Por cinco años consecutivos, ha faltado moneda dura para asegurar los recursos e insumos, imprescindibles para las reparaciones de la maquinaria, el transporte y la industria.
Lo decían la semana pasada los azucareros de Baraguá: “Faltan cuchillas, brocas, machos, material para eliminar roturas y crear piezas de repuesto, cabillas desde 15 hasta 80 milímetros, insuficientes bronces; o sea, falta mucho de lo que necesitamos para la recuperación y reparación industrial. Eso hace que el tiempo de solución hasta se duplique”.
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Lo dijo este miércoles el directivo: “Los insumos disponibles para la zafra no aseguran hoy la producción planificada”.
Cualquier obrero agroindustrial de alguno de los cuatro centrales avileños podría resumirlo con siete palabras: no se puede hacer más con menos.
Porque habría que sumar —y, paradójicamente, terminaríamos restando— el déficit de combustibles, energía eléctrica y lubricantes; los bajos rendimientos agrícolas (a falta de herbicidas para contrarrestar la alta infestación de los cañaverales); la carencia de recursos humanos; y el ir y venir de partes y piezas que desvisten “santos” para vestir a otros.
Todo ello hacía que el panorama, al cierre del 15 de febrero, fuera desalentador. Con un solo central moliendo, apenas se había procesado el 12,1 por ciento de la caña prevista y la producción de azúcar crudo era de solo el 11,4 por ciento de lo planificado para la fecha (con respecto al plan general, el dato es todavía más discreto: 5,7).
Además del tiempo perdido en el Ecuador y de la ineficiencia de su proceso fabril, lo que está enterrando las posibilidades de honrar los totales calculados para la provincia, es la no incorporación del Ciro Redondo. El Coloso del Centro vive sus días más aciagos e irónicos, porque siendo uno de los más modernos del país —lo cual se traduciría en eficiencia y calidad— no ha podido demostrarlo. En el Consejo Provincial se dijo sin ambages: no hay una respuesta exacta sobre cuándo podría arrancar.
En febrero de 2023 la Bioeléctrica padecía por una junta y, finalmente, el Ciro no pudo moler. Recordando ese momento y frente a un desafío igual de complejo, es que ahora no se puede depositar toda la responsabilidad en la fábrica pinense
En su “problemática” vecina no han dejado de intentar calibrar el rotor de la caldera (corazón energético del central aledaño sin el cual no puede, siquiera, amagar con pitar). Están allí los mejores ingenieros del país, pero todo parece indicar que será necesario extraerlo y llevarlo a los talleres de La Habana.
Mientras, el Primero de Enero es un centenario corredor de largas distancias que sabe que maña de viejo le gana a contratiempos, y, contra todo pronóstico, fue reparado y alistado para entrar a salvar la honrilla, hasta donde se pueda. Cuando se decida, encenderá calderas y tendrá poco tiempo para procesar unas 115 000 t de caña, que dejarán en las tolvas poco más de 8500 t de azúcar.
La estrategia avileña es mantener moliendo a Ecuador y que termine su zafra el 20 de marzo, con su plan (8318 t de azúcar) cumplido, lo cual dependerá de que logre moler al 60 por ciento de su Norma Potencial y alcance 7.00 de rendimiento industrial.
Ese objetivo demandará apretarse el cinturón y mover personal especializado del Ciro Redondo hacia el enclave baragüense, hasta que el mismo arranque (si arranca). De hacerlo, será una carrera contrarreloj para, a finales de abril o principios de mayo, cerrar los basculadores después de haber exprimido 341 600 t de caña y devolver 26 212 de azúcar.
“La provincia puede cumplir su plan, existe la caña y la maquinaria disponible para ello. Matemáticamente es posible”, repitió Larrosa Vázquez. El mandato del Consejo Provincial, en la voz del gobernador Alfre Menéndez Pérez, fue hacer de la zafra una preocupación de cada territorio, Asamblea Municipal, Consejo de la Administración, consejos populares, circunscripciones… “De todas las proyecciones económicas, la más compleja es la zafra y hay que ponerle el extra”.
Prevención en el ordenamiento territorial
Otro tema en el orden del día del máximo órgano de gobierno en la provincia fue el cierre del Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades del año 2023 y la proyección de 2024, de la Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DOTU).
Su delegado, Arley Noroña Rodríguez, se refirió a un inventario de 6067 ilegalidades el pasado año, de las cuales, cerca del 99 por ciento corresponden a personas naturales. En ese total, el 90 por ciento se identificó en viviendas en barrios y focos ilegales, y el resto (588) en edificios multifamiliares.
Al cierre de 2023, 3240 ilegalidades fueron erradicadas. Erradicar no se refiere únicamente a eliminar, sino que, a tenor del Acuerdo 8574 de 2019 del Consejo de Ministros, las viviendas (cuartos, habitaciones, accesorias y locales) construidas “sin papeles” pueden ser ordenadas y legalizadas “siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas, con el fin de transferirlas en concepto de propiedad a las personas naturales que las ocupen”.
Así, de enero a diciembre últimos, seis barrios ilegales, con 512 viviendas, fueron legalizados en Morón (Finca La Horquita, Tuero, Los Estrada, Camino del barro y La arboleda) y Ciego de Ávila (La Palma).
Participa el Delegado de #INOTUCAV Arley Noroña Rodriguez en el Consejo de Gobierno con el propósito de presentar las...
Pero el meollo de este asunto es que, mientras la DOTU legaliza y erradica por un lado, los ilegales siguen creciendo por el otro. En el mismo período analizado se detectaron otras 2705 irregularidades. Esa cifra le “heredó” al presente año un total de 3387, de las cuales se planifica enfrentar el 56 por ciento. Por tanto, la efectividad de la DOTU también podría enunciarse con condicionales: si logran detener la comisión de nuevas ilegalidades, podrán hacer decrecer ese indicador.
De ahí que el vicegobernador Hiorvanys Espinosa Pérez insistiera en que el éxito del trabajo está en actuar con disciplina en el caso de los tenentes del suelo; y con oportunidad, preventivamente, por parte del cuerpo de inspección; y no dejando para el último trimestre del año el grueso de las acciones a acometer.
Control dentro y fuera
El último punto del orden del día del Consejo Provincial se dedicó al sistema de trabajo para el control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones penales en libertad.
Humberto David González Figueroa, presidente del Tribunal Provincial, explicó que el año 2023 comenzó con unos 1500 controlados y mostró una tendencia al decrecimiento en todas las unidades judiciales del territorio. La cifra de inicios de 2024 también es inferior.
Según destacó, el 99 por ciento de esas personas ya se habían incorporado al empleo (tanto en puestos del sector estatal como no estatal), pues existe garantía de una ubicación laboral para su reinserción social en todos los casos. “Siempre se parte de sus propias gestiones de empleo, que están sujetas a la correspondiente aprobación judicial, en virtud de los condicionamientos legales inherentes a su particular situación”.
El presidente del Tribunal Provincial identificó las principales dificultades de esta tarea, entre las que están la pobre participación de las organizaciones de masas y los trabajadores sociales en la atención a estas personas; los empleadores no informan las indisciplinas o los buenos resultados de los controlados ubicados en sus empresas o forma de gestión no estatal, tal y como están obligados; no se ha realizado un estudio que permita que los controlados con posibilidades de estudiar se vinculen sin afectar el trabajo.
Ese descontrol influye, en parte, en que alrededor del 10 por ciento de los excarcelados con sanciones a cumplir en libertad vieran revocada esta medida el pasado año, luego de mantener conductas inadecuadas o, incluso, cometer nuevos delitos.
Recordó que la Ley 152 de 2022 de Ejecución Penal establece, en el articulado del Capítulo II, los requisitos y obligaciones para la excarcelación anticipada (libertad condicional), no solo para el excarcelado, sino para “el juez de ejecución, la Policía Nacional Revolucionaria y las organizaciones que desarrollan la actividad de prevención, asistencia y trabajo social en su lugar de residencia”.
“El cumplimiento de tales estrategias adquiere mayor relevancia en el actual escenario, que demanda de fortalecer el clima de exigencia, orden y disciplina en la sociedad, en respuesta, además, a las directivas trazadas por la dirección del país para el enfrentamiento al delito y a las ilegalidades”, concluyó González Figueroa.