La falta de combustible, los cortes eléctricos y la intensa sequía son los factores determinantes que impactan el suministro de agua en Cuba, según explicó este martes Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del Parlamento.
Rodríguez advirtió que, según pronósticos del Instituto de Meteorología, las precipitaciones en lo que resta de julio estarán por debajo del promedio histórico, lo que agravará la situación. Destacó que, de las 486 estaciones de bombeo principales, solo el 38 % cuenta con protección ante fallos energéticos, debido a la dispersión geográfica de las más de 3 000 instalaciones existentes en el país.
El directivo reconoció que alrededor de 300 000 personas enfrentan interrupciones en el servicio por la falta de equipos funcionales. “La situación es compleja. Avanzamos en obras, pero con limitaciones”, admitió, señalando a Santiago de Cuba como la región más afectada.
Actualmente, el INRH recibe solo el 37 % del combustible requerido para sus operaciones —frente al 47 % del año anterior—, recurso destinado a trasladar químicos para potabilización, reparaciones urgentes, distribución mediante pipas y el saneamiento de fosas contaminantes.
Los constantes apagones, añadió, han acelerado el deterioro de los sistemas de bombeo. Pese a esto, Rodríguez descartó un aumento en las tarifas del agua, dado que el servicio “está en peores condiciones que en 2024”.
Durante la reunión —previa al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura—, se detallaron las acciones del INRH para cumplir los compromisos asumidos en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Rodríguez enfatizó que, además de los obstáculos crónicos (financiamiento, escasez de repuestos), la actual sequía atípica para julio ha profundizado la crisis.
Aunque la infraestructura heredada de la “política de voluntad hidráulica” mitiga parcialmente el problema, alertó que, de persistir la baja pluviosidad hasta octubre, el escenario podría empeorar.
Sobre la transición en la matriz energética, se destacó que actualmente se ejecutan obras en 19 empresas de acueducto y alcantarillado, con 766 sistemas de bombeo solares instalados. De estos, 697 ya están en funcionamiento, beneficiando a una población estimada de 445 201 habitantes. Asimismo, se colabora con la Unión de Industrias Militares para reparar un centenar de motores.
El Instituto avanza en el Programa Integral de Desarrollo Hidráulico, alineado con el Grupo Temporal de Trabajo (GTT-OP.194-2025), y prioriza diagnósticos en OSDEs para atender áreas críticas.
También implementa el Acuerdo 10092/25 del Consejo de Ministros, enfocado en garantizar el abasto mediante alianzas estratégicas, optimizar el servicio de pipas, y promover innovación científica, entre otros ejes.
Además, se informó que, de las metas inscritas en el plan de la economía, se ha cumplido el 56%. Respecto a los 937 planteamientos pendientes, estos presentan un avance superior al 60% en su ejecución.
Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, durante su intervención en la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la ANPP. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, hizo hoy un llamado a reforzar estrategias integrales en la resolución de problemáticas e ilegalidades, con el fin de alcanzar metas superiores en el desarrollo nacional.
La exhortación se produjo durante la reunión de la Comisión Permanente de Trabajo de Industria, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se analizó un informe sobre las fiscalizaciones realizadas al Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).
Chapman Waugh subrayó que, para garantizar el correcto funcionamiento del organismo, los funcionarios públicos deben entender que su labor no se limita a frenar proyectos, sino a orientar y planificar de manera eficiente en beneficio del progreso. Asimismo, destacó la importancia de involucrar y educar a las comunidades, ya que muchas violaciones ocurren por desconocimiento de las normativas.
En este sentido, resaltó la necesidad de alinear los objetivos del Programa de la Vivienda con las acciones de las entidades, según sus necesidades identificadas, y exigió una planificación integral en nuevos proyectos comunitarios. Estos, desde su concepción, deben garantizar el acceso a servicios básicos y la resiliencia ante el cambio climático.
Por su parte, el General de División Raúl Acosta Gregorich, presidente del INOTU, señaló que el origen de muchas ilegalidades radica en la falta de vigilancia y control en los territorios, lo que permite que persistan con el tiempo. Hizo un llamado a actuar con mayor rapidez y firmeza, ya que mientras antes se aborden las irregularidades, más fácil será su solución.
Yordanka Vázquez Cuñat, vicepresidenta del INOTU, presentó datos reveladores: en 2025 se identificaron más de 29 mil ilegalidades, siendo las personas naturales responsables del 92% de los casos. Entre las jurídicas, el sector agrícola destacó por incumplimientos en la gestión de tierras y bienes.
Además, se registraron más de 6 mil nuevas violaciones, de las cuales 132 siguen sin resolverse. Las inspecciones superaron las 6 200, con más de 1 300 reinspecciones y más de 11 mil multas impuestas, incluyendo 800 reiteradas y 105 a personas jurídicas.
Entre las infracciones más recurrentes:
93%: Ocupación ilegal de terrenos.
4%: Uso indebido de áreas comunes en edificios multifamiliares.
Resto: Ocupación ilegal de locales.
En controles a más de 13 mil quioscos, se detectaron más de 10 mil irregularidades, como falta de documentos o violaciones en servicios básicos (agua, electricidad, etc.).
Sobre los barrios y focos precarios, se contabilizaron 961, de los cuales 513 son informales (379 en condiciones precarias). El 34% de sus habitantes provienen de otras provincias, y se propone reubicar a casi dos quintas partes, mientras el resto permanecerá en esos lugares.
Hasta mayo de este año, se habían emitido todas las solicitudes de habitabilidad para las 382 viviendas terminadas en el período. Sin embargo, en las viviendas ilegales, más de la mitad tiene servicio eléctrico, el 10% posee teléfono fijo y más del 60% cuenta con libreta de abastecimiento. Solo el 17% de sus residentes trabaja en entidades estatales, lo que refleja una falta de integralidad en el manejo de los problemas urbanísticos y afecta la imagen de las ciudades.