La trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, tiene impacto en Ciego de Ávila.

Cada vez que defiendo la idea de que las mujeres y las niñas vivimos diariamente cientos de situaciones en las que estamos en desventaja, solo por el hecho de pertenecer al sexo femenino, siempre hay quien frunce el ceño y no entiende. El debate casi siempre termina, al menos para mí, en disgusto, por sentirme incapaz de persuadir al resto y porque entiendo que para muchos es más fácil voltear el rostro y buscar sinónimos, que reconocer los problemas y ponerles nombre.

Quizás por razones similares cuando la estampa realista de una adolescente con una conducta sexual “desordenada” aparece en un barrio, la frase más célebre es: “esa niña está perdida”. Cuando llega el embarazo no deseado a los 13 o 14 años, incluso antes en nuestro contexto, donde la tasa de fecundidad adolescente va en aumento, el mantra se repite: “quien mal anda mal acaba”.

Pero lo que casi nadie dice es que detrás de cada uno de estos casos hay otras vulnerabilidades y brechas que no hemos sabido acortar. Luego, está la realidad en su extremo más ácido superando con creces a la imaginación: una madre por dinero permitió a otros tener relaciones sexuales con su hija de 13 años, en Santa Clara, y un hombre que mantenía una relación marital con una niña de 14, la prostituía por sumas que él mismo recogía al completarse el acto, en Artemisa.

Estos son apenas dos de los seis casos juzgados en Cuba en 2022 por delitos relacionados con la trata de personas, según recoge el Informe Nacional de Cuba sobre prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y Protección a las Víctimas, el cual detalla los esfuerzos hechos por el Gobierno cubano para frenar el avance de este flagelo, aunque las estadísticas, también, pudieran tener dobles lecturas que nos dejan en ascuas.

En el citado documento Ciego de Ávila reincide. La Causa 101 de 2021 del Tribunal Popular dice textualmente: “el acusado mantenía una relación marital con la víctima y como ninguno de los dos trabajaba, obligó a esta a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, de esta manera le contactaba hombres y una vez consumada la relación, la esperaba y le exigía la entrega íntegra del efectivo”.

Por el delito de proxenetismo el encausado fue sancionado a cinco años de privación de libertad, pero lo cierto es que no todos los hechos son juzgados en los tribunales, pues para echar andar el andamiaje judicial se requiere de una denuncia o de la detección oportuna y, la mayoría de las veces, estos se dan de manera solapada, con la complicidad del silencio, la violencia y los estereotipos.

En qué cuadra no puede identificarse con facilidad al esposo maltratador, el padrastro abusivo, a la familia disfuncional o al adolescente con conductas de riesgo. Dicho esto, cabe preguntarse entonces cuántas veces desde la escuela, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y los órganos de control se ha actuado para prevenir in situ, cuántas advertencias y visitas se han realizado al hogar o qué tipo de acompañamiento podemos ofrecer a las víctimas.

Con los datos expuestos se confirma, además, una tendencia sostenida, al menos en los últimos informes presentados por Cuba: entre las víctimas predominan las niñas, en manos de padrastros, padres y parejas sin escrúpulos. Por eso, dónde termina la privacidad y empieza el derecho o si el libre albedrío aplica para todo son cuestionamientos que debiéramos hacernos mucho antes de la mofa y de la crítica descarnada. Las leyes son imprescindibles, pero aún más la empatía de las personas para denunciar, comprender y acompañar esas vulnerabilidades que laceran.

Empecemos a llamar cada cosa por su nombre, sin equívocos.